La Sala Penal Nacional de Apelaciones revisará el recurso de impugnación presentado por la defensa legal del ex presidente Alejandro Toledo contra el fallo que ordena 18 meses de prisión preventiva en su contra.

El ex congresista Heriberto Benítez, abogado de Toledo, cuestionó que el Poder Judicial base su decisión en leyes y decretos dictaminados durante el gobierno de su patrocinado, además del informe de la comisión Pari.

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"Aquí hemos rebatido punto por punto lo que ha dicho el juez en la audiencia. De las leyes, el responsable es el primer ministro de ese entonces y, de los decretos, los ministros", precisó.

Agregó que en este caso existe una "injerencia política" que estaría atentando contra los derechos de Toledo.

"El presidente ha hablado con su homólogo de Estados Unidos para pedir una deportación. El ministro del Interior ha puesto una fotografía ofreciendo una recompensa por Alejandro por una resolución que aún no está consentida. Y por último, el fiscal de la Nación ya habló de extradición”, manifestó.

Consultado sobre el paradero de su defendido, Benítez respondió que no develaría el mismo por tratarse de una estrategia de defensa.

Benítez anunció que el abogado José Roberto Su Rivadeneira se encargará de la defensa de fondo del ex presidente, mientras que él se abocará a la prisión preventiva.

Sigue en EE.UU.

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, informó que el ex presidente Toledo, sobre quien pesa una orden de captura internacional, todavía se encuentra en los Estados Unidos.

Aseguró que el ex mandatario tenía intenciones de fugar a Israel, pero que habría desistido luego de que el Gobierno alertó a las autoridades de ese país.

"No creo que Toledo pueda fugar a otro país... No tiene muchos lugares a dónde ir", sentenció. 

Ordenan detener a representante de Odebrecht en Venezuela

En el marco de la investigación por el pago de sobornos de Odebrecht a funcionarios estatales, el Ministerio Público de Venezuela ordenó la detención de Euzenando Prazeres de Azevedo, representante de la constructora brasileña en su país.

Previamente, las autoridades fiscales allanaron las oficinas de la compañía con el objetivo de recabar elementos de interés criminalísticos.

La constructora, según información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pagó US$ 98 millones en coimas en Venezuela a cambio de obras públicas. La Fiscalía pidió información a Suiza sobre venezolanos involucrados en los ilícitos.

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