Duró exactamente ocho meses y una semana. El gobierno de transición, que encabezó Valentín Paniagua, dio impulso en ese corto lapso a uno de los procesos de combate a la corrupción más importantes de la historia reciente no sólo en el Perú sino en el mundo. Contextos diferentes, cierto, pero con varias semejanzas como son, entre otras, un Congreso controlado por la oposición y una institucionalidad débil. En tiempos parecidos otros gobiernos se encuentran recién en la etapa de “despegue”.

Por eso, un “recorderis” de lo que se logró en esos ocho meses de laboriosa transición es oportuno. Demuestra que cuando hay clara decisión política e interacción con el sentimiento ciudadano es muchísimo lo que un gobierno puede poner en marcha para enfrentar la corrupción sin afectar un ápice la independencia del poder judicial. Podría todo esto, acaso, inspirar algunas acciones en otros.

Son muchos los aspectos que podrían formar parte de esta recordación pero aquí destaco sólo dos.

En primer lugar, el diseño de normas legales que fueron –y siguen siendo– herramientas fundamentales para enfrentar la corrupción. En el contexto adverso de muchos sospechosos que se daban a la fuga y de un Congreso poco complaciente con el gobierno, se pudo diseñar y lograr la aprobación en menos de un mes de gobierno de tres leyes cruciales que sentaron las bases de un nuevo diseño del proceso penal en el Perú y que, en lo esencial, siguen vigentes 16 años después: la ley de colaboración eficaz para permitir compensar con reducción de penas la entrega de información (ley 27378), medidas excepcionales sobre investigados por corrupción para que en ciertos casos los fiscales pudieran ordenar detenciones preventivas (ley 27379) y otra sobre fiscales anticorrupción (ley 27380).

Estas tres leyes fueron claves en el Perú a partir del 2001; especialmente la de colaboración eficaz. En las actuales investigaciones contra la corrupción de las empresas constructoras brasileras la colaboración eficaz y las posibilidades de disponer detenciones preventivas demuestran, de nuevo, su utilidad para poder dar pasos concretos y eficaces. Los resultados son todavía, sin embargo, pocos.

El segundo aspecto a destacar de esa gran batalla contra la corrupción fueron sus resultados. Instados por un sistema judicial y el ministerio público que salía del letargo y con una procuraduría de peso a la que se le dio recursos y apoyo sólido. Procuraduría a la que, por cierto, se dotó de personal altamente calificado y que en cada paso aportaba elementos sustantivos de información y análisis para la defensa de los recursos públicos y en aporte al trabajo de los fiscales. No fueron sus actos, pues, nunca la inspiración de “ovarios” o “huevos” de alguien lo que los sustentara sino información y criterios sólidos.

Empezaron a aparecer “colaboradores eficaces” de la estructura criminal que devolvían al Estado millones de dólares obtenidos ilícitamente así como importante documentación probatoria y declaraciones que hicieron posible que las autoridades judiciales establezcan posteriormente la responsabilidad penal de decenas de procesados.

Cerró el período de la transición con 650 personas bajo investigación por los fiscales y 272 procesados. Tras escasos ocho meses, el país había logrado recuperar más de 100 millones de dólares del dinero que se le había sustraído por coimas y sobreprecios.

Simultáneamente, la información disponible permitió gestionar que se congelaran más de 200 millones de dólares en cuentas en Suiza, Luxemburgo, Gran Caimán y Estados Unidos. Fue un “récord mundial”; no había antecedentes de tanto dinero recuperado en tan corto tiempo en casos previos de investigaciones anticorrupción sobre personajes de gobiernos corruptos ni siquiera en los emblemáticos casos que se habían dado en países como Filipinas, Congo (ex Zaire) y Uganda.

No se trata de hacer comparaciones, pero…

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